Por María Paz Dávila
En su libro Los viajes del buen salvaje, Antonio Cisneros narra que "sólo entre 1880 y 1930, tres millones y medio de españoles se establecieron en tierra americana. Bocas que España, de espaldas a la Europa industrial del siglo XIX, no pudo alimentar. Campesinos, bodegueros y artesanos en su gran mayoría". La historia que cuenta el escritor peruano da pistas de otro contexto, concretamente del latinoamericano o africano. Y es que dicen que el mundo da vueltas, y en cuestiones de inmigración, así parece haber sido: hoy en día, tres millones de ecuatorianos han migrado al exterior, y miles de millones de personas más provenientes de Latinoamérica y África.
¿Cómo está retribuyendo la Unión Europea ese gesto de ‘puertas abiertas’ que le hizo América en el siglo XIX? Veamos. El 18 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Retorno. Esta resolución, que fue aprobada por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 en blanco, deja visiblemente desprotegidos a ocho millones de emigrantes indocumentados, según cifras de la Comisión Europea. Cabe resaltar que directivas como ésta constituyen una decisión colectiva obligatoria de los países miembros de la UE, que funcionan como actos normativos al ser traspuestas a su legislación interna.
La Directiva Retorno, que será aplicada desde el año 2010, llama la atención por su contrariedad a los derechos humanos de las personas que migran a Europa debido a la falta de medios de subsistencia en sus países de origen, puesto que consigue criminalizar a los emigrantes indocumentados, que en muchos de los casos se los considera como “una amenaza para el orden y la seguridad nacional”, mediante varias medidas como la implementación de ‘internamientos’ de hasta 18 meses (a mi parecer, eufemismo utilizado para ocultar un encarcelamiento que desconoce el principio jurídico de proporcionalidad de las penas), la prohibición de regresar a Europa en cinco años o más, y la posibilidad del retorno de menores de edad sin acompañamiento.
Sorprende que la Unión Europea muestre una mano y esconda la otra, que pregone insistentemente términos como cooperación entre los países Norte-Sur, integración, tratados de libre comercio, principios de solidaridad, ayuda humanitaria; mientras que por otra parte expulse sin las garantías necesarias a emigrantes que en una gran mayoría constituyen la fuerza de trabajo rechazado por sus propios nacionales, como son las tareas domésticas, el recojo de basura y el cuidado de ancianos, y que además ayudan al preocupante crecimiento demográfico que podría causar un quiebre en sus seguridades sociales.
Es acertado, entonces, resaltar la reacción del presidente de Ecuador, Rafael Correa, al respecto: "El derecho de migrar es un derecho del ser humano a estar en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo se puede sostener, con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?". Como él, los presidentes de varios países latinoamericanos se han pronunciado enérgicamente. Es así que Evo Morales ha acuñado el término de la Directiva de la Vergüenza, mediante una importante carta en donde exhorta a la UE a la reconstrucción de “una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes...”. Además, se han previsto medidas con el objetivo de hacer un frente latinoamericano en contra de esta directiva desde el ámbito del MERCOSUR y del Parlatino. También se han pronunciado en contra el Vaticano y grupos de defensa de derechos humanos, que consideran que la directiva es una grave violación a lo que le corresponde al ser humano.
Considero importante señalar la nefasta consecuencia social que tiene esta directiva, empezando por el incorrecto uso del término ‘ilegal’ que recae sobre los emigrante indocumentados, el cual estigmatiza a personas que, por razones de pobreza y desempleo, entre otras, se ven obligadas a salir de sus países; sin mencionar los repetidos casos de racismo y xenofobia a los que están expuestos.
Esta directiva, al ser un instrumento jurídico de gran alcance, moldea la percepción social de considerar a estas personas como delincuentes y criminales, fomentando actitudes xenófobas y de discriminación, aparte de ser un precedente jurídico peligroso. Parece que los países europeos han olvidado la época en la que sus nacionales tuvieron que emigrar a nuestros países huyendo de la hambruna, las guerras, la intolerancia política, en busca mejores oportunidades y donde fueron recibidos dignamente. Sin duda, Europa tiene una deuda histórica, económica y ecológica con los países cuyos nacionales están siendo humillados. Europa ha levantado su muro.
